Información al 30 de octubre de 2026.
El Movimiento del 23 de Marzo (M23), una organización armada congoleña, ocupó Goma a fines de enero de 2025 y Bukavu en febrero. Son las capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, dos provincias del este de la República Democrática del Congo (RDC), junto a Ruanda. Con su caída, el Gobierno congoleño perdió centros de administración y abastecimiento, mientras la coalición rebelde establecía autoridades paralelas, según el informe de Naciones Unidas de marzo de 2025.
Para los habitantes, el cambio no se limitó a quién ocupaba una posición militar. También importaba quién cobraba, permitía circular o prestaba servicios. Esa disputa por gobernar ayuda a entender la persistencia de la guerra y las dificultades de la negociación: retirar combatientes, administrar un territorio y proteger a su población son tareas diferentes.
Este análisis propone una explicación revisable: los apoyos que cruzan las fronteras se combinan con decisiones congoleñas sobre alianzas, mando, ingresos y protección. Los acuerdos pueden modificar esas relaciones si sus participantes cambian políticas y consiguen ejecutar sus compromisos. La documentación respalda varios episodios; todavía no permite medir el peso de cada componente ni atribuir cada retirada a una presión determinada.
Los protagonistas y sus intereses
Desde Kinshasa, la capital congoleña, el Gobierno de Félix Tshisekedi reclama recuperar la autoridad estatal, la retirada de las fuerzas ruandesas y el fin del apoyo a la rebelión. Desde Kigali, capital de Ruanda, el Gobierno de Paul Kagame invoca amenazas de seguridad, especialmente las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), una organización armada de origen ruandés establecida en el Congo.
El M23 quedó desde diciembre de 2023 en el centro de la Alianza del Río Congo (AFC), una coalición política y militar. Sus dirigentes plantean protección y representación y, tras ocupar las capitales provinciales, reiteraron un objetivo de cambio de gobierno en Kinshasa. El Grupo de Expertos de la ONU atribuyó al Gobierno ruandés control operativo sobre AFC/M23, incluidas decisiones sobre qué territorios conquistar, conservar o abandonar. También documentó tensiones dentro de la coalición. Sus hallazgos se refieren principalmente a 2025–abril de 2026; no reconstruyen todas las órdenes posteriores.
El mismo informe impide reducir el papel congoleño a una simple falta de disciplina. Aunque el jefe del ejército prohibió colaborar con FDLR en enero de 2026, los expertos atribuyeron garantías de continuidad a funcionarios de Kinshasa y oficiales. Registraron una reunión en Pinga, el 7 de abril, entre una delegación de alto nivel con generales congoleños y representantes del alto mando de FDLR-FOCA, donde se decidió mantener la cooperación. Esos hallazgos abarcan decisiones superiores y ejecución desigual, sin identificar una voluntad uniforme de todo el Gobierno ni justificar automáticamente la respuesta ruandesa.
Una historia que precede a esta rebelión
Las disputas por tierra, ciudadanía y protección en los Kivus preceden a la guerra actual. Derechos reconocidos por autoridades tradicionales, títulos y decisiones administrativas se han superpuesto. Quien reconoce una parcela, permite un retorno o protege una cosecha puede obtener lealtad y autoridad. Los estudios de Vlassenroot y Huggins ayudan a entender esa relación sin convertir la escasez de tierra en una causa automática de violencia.
Tampoco deben confundirse lengua, nacionalidad y pertenencia armada. Hablar kinyarwanda no convierte a una persona en ruandesa ni en integrante de una rebelión. Las reclamaciones de protección de poblaciones tutsis congoleñas no acreditan que sus habitantes compartan un mando o un programa político.
El genocidio contra los tutsis en Ruanda, en 1994, transformó el escenario. Al entonces Zaire llegaron refugiados junto con antiguos militares y milicianos ruandeses: eran categorías distintas. Las guerras de 1996–2003 incorporaron fuerzas extranjeras y alianzas congoleñas cambiantes. El informe Mapping de la ONU documenta graves violaciones de ese período, sin permitir atribuir responsabilidades colectivas a poblaciones enteras.
Otra respuesta al conflicto fue integrar organizaciones armadas en las instituciones nacionales. El acuerdo del 23 de marzo de 2009 entre el Gobierno congoleño y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) incluyó integración militar y policial y compromisos políticos y sociales. Su fecha dio nombre al M23. La integración conservó redes de mando y beneficios particulares, como reconstruye Jason Stearns. Una parte de los antiguos cuadros se rebeló en 2012; otros permanecieron en el ejército.
En 2013, el M23 perdió sus bastiones. La ONU relacionó la derrota con fracturas internas, operaciones congoleñas y de su Brigada de Intervención y presión internacional sobre Ruanda. El caso muestra que esas coaliciones pueden perder capacidad. La combinación de factores, sin embargo, impide atribuir el resultado a un solo instrumento, y la derrota no eliminó las redes que reaparecerían después.
Qué cambió en 2021
Ebuteli y Congo Research Group reconstruyen el regreso de un núcleo rebelde desde Uganda en 2016 y negociaciones posteriores que quedaron estancadas. Mientras tanto, Kinshasa y Kampala, la capital ugandesa, estrechaban su cooperación económica y militar.
El 16 de junio de 2021, los presidentes de ambos países lanzaron en Kasindi el proyecto vial Kasindi–Beni–Butembo y Bunagana–Goma, según la crónica contemporánea de ACP. Los investigadores reconstruyen también un memorando de octubre que preveía operaciones para proteger las obras. Uganda buscaba acceso comercial; Kinshasa, infraestructura y cooperación de seguridad. El lanzamiento no prueba que las carreteras estuvieran terminadas.
Ebuteli y Congo Research Group interpretan que Kigali veía una pérdida de influencia y una posible exclusión de rutas comerciales, y que apoyar al M23 le ofrecía capacidad de intervención. Esa lectura identifica intereses y oportunidades; no equivale a una orden recuperada que explique el primer ataque.
La secuencia importa. El M23 atacó posiciones congoleñas el 7 de noviembre de 2021. La operación conjunta congoleña-ugandesa Shujaa contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo distinto del M23, comenzó el 30. El operativo posterior no puede explicar por sí solo el ataque anterior; los preparativos de cooperación sí forman parte del contexto. El acercamiento Uganda–Ruanda de 2022 tampoco terminó la rebelión: explicar su regreso y explicar su continuidad exige seguir decisiones diferentes.
Alianzas, recursos y autoridad
Para enfrentar al M23, el ejército congoleño amplió su cooperación con grupos llamados Wazalendo, «patriotas». La denominación reúne organizaciones diversas. Podían aportar combatientes y conocimiento local, mientras recibir recursos fortalecía a sus propios mandos frente a habitantes y competidores. Compartir un enemigo no garantizaba objetivos ni disciplina comunes.
Burundi intervino como aliado de Kinshasa y como vecino expuesto a la guerra. El Grupo de Expertos documentó operaciones de sus fuerzas con facciones Wazalendo antes de la ocupación rebelde de Uvira, al sur de Bukavu. Después del repliegue de enero de 2026 participaron con fuerzas congoleñas y auxiliares en Uvira, Fizi y Mwenga. La alianza aportaba fuerzas e información local; no constituía un ejército único. El cierre fronterizo RDC–Burundi de diciembre de 2025 y las reaperturas parciales de febrero de 2026 afectaron comercio, refugio y abastecimiento. Las fuentes no concilian todas las fechas de reapertura: no corresponde convertirlas en una cronología única.
Rubaya muestra cómo el territorio puede generar ingresos. Tras su ocupación en abril de 2024, el Grupo de Expertos describió permisos, compradores autorizados, tarifas y transporte de coltan hacia Ruanda. Del coltan se obtiene tantalio para componentes electrónicos. La conexión documentada es entre control armado, regulación del comercio y cobros; las estimaciones de 2024 no son ingresos observados de 2026.
Falta reconstruir cuánto llegó a cada destinatario y qué operación financió. La existencia de recaudación no ofrece una contabilidad militar ni demuestra que cortar una ruta reduzca proporcionalmente la capacidad. También cuentan otras actividades, apoyos y formas de obtener personal, incluido el reclutamiento coercitivo investigado por organizaciones de derechos humanos. Los habitantes pueden pagar por necesidad, negociar o resistir: ninguna de esas conductas permite presumir adhesión.
Qué pueden comprometer los acuerdos
Las negociaciones no reúnen siempre a los mismos actores. Luanda trató compromisos de seguridad entre la RDC y Ruanda; Nairobi abrió interlocución con actores congoleños y acompañó la respuesta de la Comunidad de África Oriental. Confundir las mesas impide distinguir quién puede cumplir cada obligación.
El acuerdo de Washington del 27 de junio de 2025 vincula a los dos gobiernos. Prevé acciones contra la amenaza armada de FDLR, desenganche de fuerzas ruandesas y levantamiento de medidas defensivas mediante un plan coordinado. Exige el cese inmediato e incondicional del apoyo estatal a grupos armados no estatales, salvo lo necesario para facilitar su aplicación. La salvedad no es un permiso general de apoyo ni una licencia financiera.
El marco de Doha de noviembre de 2025 reúne al Gobierno congoleño y AFC/M23. Contempla seguridad transitoria, autoridad estatal, acceso humanitario, ciudadanía, retornos y servicios. Entró en vigor con la firma; varias modalidades de aplicación requerían negociación posterior. Una retirada entre Estados no resuelve por sí sola quién administra después o cómo regresan quienes huyeron.
La aplicación exige distinguir decisiones y ejecución. Del lado ruandés, reducir apoyos puede afectar medios y órdenes rebeldes. Del lado congoleño, la cooperación FARDC–FDLR documentada obliga a examinar las decisiones de funcionarios y generales que sostienen esa alianza, además de comprobar qué hacen las unidades. Una conducta contraria a una prohibición pública puede expresar una decisión superior, diferencias de ejecución o ambas.
En octubre de 2026, una declaración de parte reproducida por terceros proclamó un Frente para la Refundación de la Nación, presidido por Joseph Kabila, expresidente congoleño. Su aceptación por las contrapartes y su representación efectiva no quedaron acreditadas. Un cambio de nombre no demuestra quién puede ordenar a combatientes y administradores.
Uvira: un cambio real, con causa abierta
Las fuentes sitúan la entrada rebelde en Uvira entre el 9 y el 10 de diciembre de 2025 y la retirada entre el 17 y el 18 de enero de 2026, seguida de reingreso localizado de fuerzas congoleñas y aliados. La investigación de Human Rights Watch documentó abusos; reporterías y observaciones de Naciones Unidas respaldan el cambio de posiciones.
La secuencia no permite aislar el peso de la presión diplomática frente a decisiones militares, negociación u otras causas. Tampoco demuestra eficacia de las sanciones estadounidenses de marzo u octubre de 2026, que fueron posteriores. Retirarse de una ciudad no acredita salir de toda la región ni garantizar protección sostenida.
Las misiones verificadoras de 2026 a Minembwe y Masisi acreditan actuaciones, según el informe de la ONU de octubre. Su eficacia requiere conocer qué observaron, qué se investigó y qué respuesta siguió. La falta de productos técnicos suficientes limita la evaluación; no demuestra que los verificadores permanecieran inactivos. Un resultado parcial puede importar aun sin resolver la guerra completa.
Zigama y la presión sobre las decisiones
El caso de Zigama se encuadra en este MER como un análisis de la presión financiera vinculada al conflicto. La cooperativa de Kigali sirve, según su presentación institucional, al personal ruandés de defensa y seguridad y sus familiares. Estados Unidos la sancionó el 28 de octubre para exigir retirada, fin del apoyo al M23 y cumplimiento de los acuerdos, según el anuncio del Tesoro.
La selección puede interpretarse como un intento de acercar costos al entorno de seguridad. Pero las restricciones jurídicas no demuestran exposición efectiva: tendrían que alcanzar operaciones relevantes, generar dificultades y afectar a actores capaces de cambiar una decisión. Los costos podrían absorberse, trasladarse o compensarse. La transmisión política y el vínculo mineral específico atribuido a Zigama siguen abiertos. Su análisis conserva el corte del 29 de octubre.
Qué seguir para evaluar una salida
La explicación combina apoyos exteriores con decisiones congoleñas sobre alianzas, mando y recursos. Tiene respaldo por episodios, sin constituir una causa única. Tierra, ciudadanía, seguridad y oportunidades económicas pueden explicar movilización y autoridad, pero su peso debe contrastarse en cada lugar.
Para evaluar los acuerdos habrá que observar quién rompe o mantiene una alianza, qué recursos y órdenes dispone, qué ejecutan las unidades y quién administra después de una retirada. También importa cuánto duran la circulación, el acceso a servicios y los retornos seguros. Cambios documentados sin los resultados esperados, sustitutos eficaces o explicaciones alternativas más sólidas obligarían a revisar la hipótesis.
La firma crea compromisos; el cumplimiento cambia posibilidades concretas. Para quienes necesitan cultivar, comerciar o volver a casa, la pregunta es qué decisión transforma su seguridad y su sustento, quién puede ejecutarla y durante cuánto tiempo se sostiene.
Fuentes
Fuentes seleccionadas
- Naciones Unidas: informe de marzo de 2025; Grupo de Expertos, S/2026/466, especialmente §§61–63, 98–100, 121–122 y 133–137, y S/2024/969, §§56–66.
- Ebuteli y Congo Research Group: La reaparición del M23: rivalidades regionales, política de donantes y un proceso de paz estancado (2024-08-06), 2024: reconstrucción regional e interpretación del nuevo ciclo.
Título original: The Resurgence of the M23: Regional Rivalries, Donor Policy, and a Stalled Peace Process · Traducción del título al español - Centro Africano de Estudios Tecnológicos e Instituto de Estudios de Seguridad: Tierra, migración y conflicto en el este de la RDC (2005), 2005; ONU, informe Mapping, 2010, y Stearns, del CNDP al M23, 2012.
Título original: Land, migration and conflict in eastern DRC · Traducción del título al español - Acuerdos: Washington, junio de 2025, y Doha, noviembre de 2025, reproducciones PA-X.
- Human Rights Watch: Somos civiles: asesinatos, violencia sexual y secuestros por el M23 y fuerzas ruandesas en Uvira (2026-05-14), mayo de 2026, y Tesoro estadounidense, sanción a Zigama, octubre de 2026.
Título original: We Are Civilians! Killings, Sexual Violence, and Abductions by the M23 and Rwandan Forces in Uvira, Democratic Republic of Congo · Traducción del título al español
- Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Informe final del Grupo de Expertos sobre la RDC, S/2014/42 — 2014-01-23
Referencia registrada: S/2014/42 · Título descriptivo editorial - Agencia Congoleña de Prensa: Lanzamiento del proyecto vial entre la RDC y Uganda en Kasindi — 2021-06-16
Referencia registrada: Les Présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni inaugurent le chantier de la construction de la route reliant la RDC à l’Ouganda à Kasindi · Título descriptivo editorial - Frente para la Refundación de la Nación: Declaración política — 2026-10-12
Título original: Déclaration politique · Traducción del título al español - Secretario General de las Naciones Unidas: Aplicación del marco de paz, seguridad y cooperación para la RDC y la región, S/2026/782 — 2026-10-01
Título original: Implementation of the Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo and the Region · Traducción del título al español